Haciendo frente a la islamofobia de Estado
Salma Amazian y Ainhoa Nadia Douhaibi
We have what is left to us from yesterday.[1]
Mahmud Darwish
The «Red Indian’s» Penultimate Speech to the White Man.
You write in order to change the world, knowing perfectly well that you probably can’t […]. The world changes according to the way people see it, and if you alter, even but a millimeter the way people look at reality, then you can change it. [2]
James Baldwin
A lo largo de las páginas de este libro hemos querido dar cuenta de cómo el racismo hacia las personas y las comunidades de tradición musulmana hunde sus raíces en la islamofobia histórica y estructural, perpetuada a través de los aparatos del Estado, sus tecnologías de gobierno, sus dispositivos burocráticos, su relato histórico, sus tradiciones, sus imaginarios culturales, su sistema educativo, sus calles y su policía. Esta islamofobia es congénita a la forma en que se configuró el Estado racial español durante la modernidad. Actualmente, se mantiene y reproduce a través de la relación entre el paradigma teórico y las prácticas concretas que constituyen las políticas del terror de su guerra y de la prevención de la radicalización. [3]
El aparato antiterrorista no sólo criminaliza al musulmán por el simple hecho de serlo, sino que criminaliza también cualquier forma de resistencia: desde el momento en que criticar a Occidente o denunciar que los musulmanes en Europa están siendo perseguidos y sufren racismo social e institucional puede ser considerado como un indicador de radicalización, cualquier articulación política crítica llevada a cabo desde una subjetividad musulmana se convierte en sospechosa. La politización del moro y de la crítica al racismo antimusulmán es, bajo la óptica del Estado, peligrosa y conduce siempre al terrorismo.
Llegadas a este punto de la investigación, ¿qué podemos hacer con toda esta información? Nosotras apenas acertamos a plantearnos las preguntas adecuadas y suscitar los debates que consideramos necesarios. Para lograrlo, debemos abandonar la deriva culturalista de los asuntos securitarios y de convivencia y tratar de desvelar el propósito que verdaderamente tiene –y a quién sirve– la actual política contraterrorista.
Mientras se sospecha de las personas musulmanas y se las persigue, se mantienen relaciones de interés geoeconómico con un país como Arabia Saudí –nido del wahabismo, ideología radical por excelencia según toda la parafernalia antiterrorista–, país con el que se negocia la compraventa de armas en el despacho del presidente del Gobierno. Lo cierto es que esta maquinaria de racismo islamófobo –necesaria para que los Estados de corte imperial-colonial puedan poner en marcha en el interior de sus territorios medidas al servicio de sus intereses geopolíticos– utiliza a personas y comunidades de tradición musulmana como chivo expiatorio, al tiempo que se exacerba la pugna por el reparto del pastel en aquellos lugares ricos en recursos energéticos.
La «amenaza del terrorismo yihadista» ha facilitado el endurecimiento del código penal español, recortando derechos civiles y políticos a la población musulmana. Pero el discurso sobre el terrorismo internacional y la creación del homegrown terrorist como el enemigo interno por excelencia se erigen en una técnica de gobierno que no sólo afecta a las personas musulmanas, sino a la totalidad de la población. No debemos olvidar que en el contexto global de derechización política y de auge de los fascismos, se ha señalado al islam –al más puro estilo de las cruzadas– como la principal amenaza a la «identidad y los valores nacionales». Sin embargo, en esta coyuntura, cualquier tipo de disidencia política puede ser judicializada sin demasiadas trabas de acuerdo a estas nuevas tendencias penales. Prueba de ello es la imputación bajo la ley antiterrorista inglesa de varias personas que trataron de parar una deportación en un aeropuerto británico. [4]
En esta línea, los discursos que mezclan el terrorismo internacional y la política fronteriza, criminalizando a las personas migrantes con el pretexto de evitar «que se cuelen terroristas», [5] vienen siendo denunciados desde hace tiempo por diferentes colectivos, así como por abogadas y otras expertas en lucha contra el sistema de control migratorio. El exministro de Interior Ignacio Zoido utilizó este tipo de argumentos en varias ocasiones con la intención de justificar la externalización de la política fronteriza a través de la cooperación con Turquía y con algunos países del Magreb, así como de promocionar la aplicación de la Ley de Extranjería para fines más propios de la política penal antiterrorista.
De hecho, la parte más oculta de la estrecha relación entre la política migratoria y la persecución penal preventiva de la radicalización es precisamente el uso de la Ley de Extranjería para fines propios de la política antiterrorista. Un buen número de musulmanes –en su mayoría hombres– acusados de terrorismo, independientemente del resultado de las sentencias, son deportados con una orden de expulsión derivada de la Ley de Extranjería. Incluso personas que, por falta de pruebas, no pueden ser incriminadas, son expulsadas bajo la justificación de ser consideradas «sospechosas de estar vinculadas con los movimientos salafistas» y suponer, por tanto, «una amenaza real y actual para la seguridad nacional». Ese fue el caso del imán de Salt, [6] cuyo intento de deportación fue denunciado por grupos antirracistas locales. El despliegue de una retórica vacía de contenido tangible, pero llena de palabrería, activa las más graves acusaciones de terrorismo y permite cada año el destierro del territorio español y europeo de cientos de personas musulmanas.
Se hace urgente politizar todas estas cuestiones, como primer paso para dignificar las posiciones de un debate generalmente dedicado a estereotipar, exotizar y criminalizar a la población musulmana, en vez de a denunciar la islamofobia de Estado. Ya lo decíamos en las primeras páginas de este libro. O modificamos las coordenadas de la conversación o sus debates seguirán siendo nuestra atrofia. Sólo así se puede mantener la dignidad mientras se dialoga.
Es necesario garantizar que no se activen dispositivos de seguimiento y vigilancia cuando las personas musulmanas expresen sus opiniones críticas con ésta y con cualquier sociedad, así como cuando se organicen políticamente. El señalamiento, la sospecha por parte del Estado, abre abismos también dentro de las propias comunidades musulmanas, generando de este modo mecanismos de regulación y observación intracomunitaria sobre lo que se puede decir o con quién se puede o no andar. Así, para no levantar sospechas infundadas, ni activar dispositivos de control añadidos –o simplemente por
haber interiorizado la lógica de la criminalización– se han llegado a resquebrajar lazos dentro de los propios barrios. La política preventiva también se ha vuelto dañina por contribuir a la quiebra de relaciones sociales que implicaban –en una sociedad que sigue reproduciendo espacios segregados racialmente– sustento emocional, social y económico.
Esta aproximación nos ha permitido trazar una genealogía del racismo y, a la vez, mostrar la raíz de las violencias que se dan en el terreno del antiterrorismo y la seguridad nacional e internacional. El objetivo principal es que sirva de herramienta a quienes se enfrentan a él; así como a las que luchan por la autonomía y emancipación de sus propias comunidades –de las que también formamos parte– y son atravesadas por estas violencias.
El hecho de que en los movimientos de izquierda aún no haya toma de conciencia sobre la agenda civilizatoria occidental de la que participan es uno de los mayores impedimentos para articular una respuesta política, más o menos amplia, alrededor de este tema. Habría por tanto que revisar cómo participan los movimientos políticos críticos de esta agenda, así como detectar, reconocer y visibilizar el carácter islamófobo que habitualmente subyace a sus planteamientos políticos; entre ellos despuntan propuestas que, bajo el discurso del laicismo, siguen escondiendo posturas de racismo islamófobo. Mientras el relato de las denominadas izquierdas siga anclado en nociones como la de progreso y relacione éste con el proceso de secularización –a todas luces imaginario– iniciado tras el fin del Estado confesional del régimen franquista, será muy difícil poder encontrar espacios de lucha común(itaria). Resulta necesario, entonces, revelar los relatos coloniales que se ocultan detrás de algunas de las actuales propuestas emancipatorias.
«En lo que respecta al antirracismo, si pretende ir más allá de un proyecto moral y desembocar en una cuestión política, no podemos sino advertir que el problema reside precisamente en el mismo discurso civilizatorio; que los derechos humanos demuestran una y otra vez su ineficacia porque están creados por y para aquellos que no están dispuestos a descolonizar su civilización; que el racismo moderno como sistema institucional es una consecuencia de la civilización: de la civilización occidental». [7]
En definitiva, de lo que se trata es de reconocer la herencia colonial que arrastra la izquierda de este país. Si los movimientos y organizaciones sociales funcionan de forma sectorial, segmentada, como pequeñas burbujas con dificultades para relacionarse entre sí, cuando el afectado es «un musulmán con barba», la islamofobia estructural –las construcciones racistas sobre el moro que hemos analizado– desmoviliza aún más a todos aquéllos que cabría esperar en la protesta.
A pesar de estos obstáculos, confiamos en que las observaciones y los argumentos que ofrecemos en este trabajo puedan servir como herramienta para plantar cara a los protocolos de prevención. En los últimos dos años, en las escuelas catalanas, se ha activado el proderaev, de media, cada dos días. El personal educativo ha llamado trescientas veces a la policía para trasladar sus sospechas acerca de la radicalización de un niño o una niña. Sin lugar a dudas, la escuela es un lugar inseguro para la infancia y adolescencia musulmana. ¿Qué tipo de confianza espera construir la institución educativa con las familias a las que ha puesto bajo la sospecha del Estado?
A falta de datos sobre el número de personas a las que se aplica el Protocolo en las cárceles, esta investigación nos permite concluir que no son pocas. Esperamos que nuestro análisis pueda ser de utilidad para politizar la defensa de aquellas personas que, a través del racismo de Estado, son sometidas a la criminalización y condenadas al ostracismo social. Cientos de invisibles que, injustamente acusados, no llegan a las portadas de los periódicos, así como otras personas inocentes que sí ocupan un lugar en los medios, y son de ese modo utilizadas por el Estado para seguir desarrollando su trama securitaria. Gente como Mohamed Achraf, los de la «Operación Nova», los del «caso Dixan» o Jamal Zougam, todos ellos mencionados en este libro; u otros casos sonados, como los 11 del Raval –deportados para cumplir su condena en Paquistán– [8] o Ali Aarras, del Affair Ali Aarras, extraditado a Marruecos –a pesar de que el juez Garzón archivase su causa dos años antes– por su supuesta filiación a una red terrorista. Aarras se encuentra encarcelado en Salé desde hace nueve años, cumpliendo una condena de doce, y ha denunciado torturas en varias ocasiones. La campaña para su liberación sigue activa. [9]
En definitiva, si estas reflexiones sirven para comenzar un diálogo que no se está teniendo, habremos conseguido al menos romper con el silencio que envuelve todas estas cuestiones. Quizás, a poco que logremos poner en duda los términos habituales en los que se habla de los musulmanes y el terrorismo en los medios de comunicación y en los discursos y prácticas institucionales, habremos hecho algo para comenzar a desvelar la islamofobia que subyace tras la política antiterrorista.
/El texto publicado en el libro: Amazian, Salma; Douhaibi, Ainhoa Nadia (2019), La radicalización del racismo. Islamofobia de Estado y la prevención antiterrorista, Editorial Cambalache.
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Salma Amazian escribe e investiga sobre racismo/islamofobia, migración y colonialidad en las experiencias de opresión y resistencia de la diáspora magrebí en el Estado español. Forma parte del espacio de reflexión y militancia decolonial «1492, por un antirracismo político» (El Salto).
Ainhoa Nadia Douhaibi investiga sobre racismo institucional y de Estado. Ha colaborado en las publicaciones colectivas «Dejadnos crecer. Menores migrantes bajo tutela institucional» (VIrus, 2014) y «Paremos los vuelos. Las deportaciones de inmigrantes y el boicot a Air Europa» (Cambalache, 2014).