El Proceso de La Valeta y el Imaginario Westfaliano de la Investigación de la Migración

Los nuevos acuerdos migratorios de UE- África desde 2015

      Escuchamos, incluso de fuentes del gobierno francés, que la solución sería erradicar las causas de la inmigración; es decir, para ayudar a los países en desarrollo de tal manera que las personas de estos países puedan encontrar los empleos que necesitan donde están. Es una buena idea. Pero no es lo que Francia está haciendo en África. (Cissé 1997: 39)

Desde 2015, la UE ha reaccionado ante lo que percibe como una “crisis de refugiados” con mayores esfuerzos para desplazar el control de sus fronteras y bloquear la entrada de migrantes incluso antes de llegar al territorio europeo. El continente africano ha estado en el centro de muchas iniciativas europeas y marcos de políticas, por varias razones. En la política de migración, la UE percibe a África como el principal origen de la migración “irregular” a Europa (Comisión Europea 2015a, 2015b). En política de comercio e inversión, ve el continente como un conjunto de recursos y mercados, por lo que ahora compite con los llamados países BRICS, particularmente China, en lo que se ha denominado el Nuevo Reparto de África (Carmody 2015).

En noviembre de 2015, la Unión inició un proceso de negociación en la cumbre UE-África en La Valeta, en Malta, en un intento por externalizar la vigilancia de su frontera sur y la contención de posibles migrantes de países africanos. En el llamado proceso de La Valeta, continuando con los procesos de Rabat y Jartum, y en las asociaciones de migración relacionadas, anunciadas en junio de 2016, la UE chantajea a los gobiernos africanos con ayuda al desarrollo para que acepten la agenda europea de externalización. La UE se compromete a “erradicar las causas de la migración irregular”, luchar contra las “redes criminales” y “trata de personas” y promete el desarrollo como un antídoto para la migración (Consejo Europeo 2015). Los movimientos de base y ONGs de África Occidental cuestionan este discurso vacuo y el tipo de “desarrollo” que la UE realmente está persiguiendo en África. Argumentan que «las causas profundas de la migración irregular se encuentran en las políticas restrictivas de migración desarrolladas por la UE en los últimos años» (Organisations de la societé civile africaine 2016; Diarra 2016).

Mientras que la UE ha utilizado incentivos económicos para impulsar acuerdos de readmisión en el pasado (Rigo 2007), en el proceso de Valeta y en los acuerdos relacionados esto parece haberse convertido en la estrategia general. Las negociaciones para “pactos de migración» a la medida con países africanos individuales incluyen una combinación de diferentes intereses e instrumentos de apalancamiento para presionar a los “socios” para readmitir deportadxs, contener migrantes (potenciales) y construir campos de “procesamiento” y detención. La asistencia para el desarrollo, la política exterior, el comercio y la seguridad son ahora todos ámbitos del control migratorio (Comisión Europea 2016b, 2015b: 13-14) en los que la movilidad de lxs ciudadanxs africanxs puede potencialmente intercambiarse con otros bienes. Que los “socios” gobiernen o no a sus poblaciones de manera democrática, o incluso que constituyan un estado coherente, no es importante para la UE (Dahlkamp / Popp 2016; die tageszeitung 2016).

El buque insignia del proceso de La Valeta es el Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África. Con un capital inicial de 1.800 millones de euros que en los últimos años incrementó a 4.100 millones de euros, financia proyectos que se parecen a proyectos de desarrollo convencionales y otros más cercanos a la vigilancia, como la identificación biométrica de ciudadanxs, la repatriación de deportadxs, la formación policial y de guardia de fronteras así como operaciones anti -“trata”.[1] El acoplamiento problemático de los objetivos de desarrollo y control fronterizo fue probado en el llamado Plan África de España en África Occidental en 2006-2008 (Andersson 2014: Capítulo I) y ahora parece atractivo para la UE en su conjunto.

El plan de La Valeta divide África en países de “tránsito” y “origen” de migración de una manera eurocéntrica. Al principio, Níger, Nigeria, Senegal, Malí y Etiopía fueron elegidos “países prioritarios” (Consejo Europeo 2015). En particular, Níger ha sido convertida en una especie de cámara de compensación para los repatriados y los migrantes en tránsito. Los “centros de procesamiento” existentes en Agadez se han ampliado con fondos de la UE y la OIM (M’Bow 2015). Más tarde, la UE ha ampliado las colaboraciones. Por ejemplo, se supone que Libia, internamente en caos, debe evitar que los migrantes tomen la ruta del Mediterráneo Central a Italia y que los encarcelen en centros de detención. Otros países del norte de África, como Túnez, han sido presionados para mantener a los migrantes en campamentos.

Lxs activistas africanxs de base y lxs actores de las ONG denuncian las crecientes restricciones de la movilidad intra-africana de la que es responsable la agenda de externalización de la UE. Ésta ha provocado una reacción en cadena de los controles fronterizos entre los países africanos, además la UE ha hecho demandas directas a muchos países para controlar la movilidad transfronteriza. Los controles de pasaportes entre países vecinos, las deportaciones y la detención violan particularmente el espacio de libre circulación dentro de la ECOWAS de África Occidental (Diouf 2016, Diarra 2016, Touré 2016, M’Bow 2015). Deportaciones masivas de africanxs subsaharianxs han seguido, por ejemplo, de Argelia. La UE está presionando para la aceptación general de un documento de viaje europeo estándar para la deportación (Comisión Europea 2015b: 9, 10), un llamado laissez-passer o pasaporte sustitutivo que puede ser emitido por cualquier estado miembro de la UE para un supuesto nacional de un país africano, identificado por el estado miembro de la UE. Este procedimiento pone claramente en tela de juicio la soberanía de los Estados africanos, por lo cual los gobiernos africanos lo han criticado y, por ejemplo, Malí se ha negado categóricamente a readmitir a las personas que viajan con laissez-passer de la UE (Allincluded 2017; ver también Eberl 2016; Diarra 2016).

La efectividad de estos nuevos acuerdos para restringir la migración es cuestionable (Siegfried 2017; Dünnwald 2015), y aún más importante, sus efectos sobre lxs migrantxs africanxs son mortales. La agenda combinada de migración, comercio e inversión de la UE para África trata ligeramente la soberanía de sus “socios” del Sur.

De La Valeta a Berlín – Repartos de África

            Todos los poderes que ejercen derechos soberanos o influencia en estos territorios se  comprometen a velar por la preservación de las poblaciones nativas y la mejora de sus condiciones morales y materiales de existencia, y a trabajar juntos para la supresión de la esclavitud y la trata de esclavos. (Artículo VI de “General Act of Berlin” 1885; citado en Grovogui 1996: 79)

Para lxs críticxs africanxs, la gran imagen detrás del confuso laberinto de diferentes procesos políticos; asociaciones, convenios, cumbres y redes asociadas a la nueva estrategia de África de la UE es clara: la UE quiere asegurar su participación en los recursos y mercados de África. Quiere mantener las fronteras abiertas para su capital y sus bienes y para extraer los recursos del continente africano pero cerrándolas a las personas que viajan en la dirección “equivocada”, con la excepción de un tipo deseable de “capital humano” (Diarra 2016; Cissé 1997, 1999; Amin 2011: 136-138; Organizaciones de la societé civile africaine 2016).

El reciente debate sobre la política migratoria europea, llevado bajo la dirección de Alemania, se ha centrado en la cuestión del asilo. Esto ha fortalecido una clasificación binaria de migrantes entre “económicos” y “políticos”. Las personas que migran a Europa desde terceros países por razones “económicas” son consideradas cada vez más como “irregulares” en relación con aquellos que necesitan protección por razones “políticas” (Comisión Europea 2015a, 2015b). El esquema binario de la Comisión Europea coloca a lxs ciudadanxs africanxs en general en la primera categoría y ha hecho que su deportación de los países miembros sea una prioridad. Las preocupaciones sobre la «tasa de retorno» particularmente baja de lxs migrantxs africanxs apuntalan estos esfuerzos. Según la Comisión, menos del 30% de las órdenes de deportación para nacionales africanos dan como resultado un “retorno” efectivo, forzado o “voluntario” (Comisión Europea 2015b: 10-12). Este cálculo racista oculta una circularidad: la progresiva ilegalización de las migraciones africanas.

Mientras tanto, se debe fomentar la movilidad del capital europeo hacia África. El Plan de Inversión Externa (EIP), introducido como parte de la estrategia de la UE para gestionar la migración y llevar el desarrollo a África, parece igualmente cuestionable (Comisión Europea 2016a). Con el apoyo del presupuesto de la UE y el Fondo Europeo de Desarrollo, el EIP tiene como objetivo movilizar hasta 44.000 millones de euros o incluso hasta 88.000 millones de inversiones privadas en África (Comisión Europea 2016b, 2016c). Ofrecer incentivos públicos a las empresas e inversores europeos y «mejorar el entorno empresarial» en África (Comisión Europea 2016d: 16), o dar al Banco Europeo de Inversiones un papel más importante en un paquete combinado de migración y desarrollo, no parecen ante todo destinado a mejorar las vidas de las poblaciones africanas. La «tasa de retorno», que los inversores privados ponen sobre todo lo demás adquiere una doble significación en estos programas híbridos (ver Jeune 2016, Antonowicz-Cyglicka et al., 2016).

En política comercial, la UE impulsa los Acuerdos de Asociación Económica (AAE) con los Estados africanos. Cuando estén vigentes, los AAEs garantizarán la entrada libre de impuestos para los productos europeos a los mercados africanos. Esto reducirá significativamente los presupuestos de los estados africanos y amenazará la supervivencia de la agricultura local y las pequeñas y medianas empresas en África occidental. Lxs activistas de África Occidental temen que el deterioro de las condiciones de vida en el campo pueda producir “migrantes económicos” en masa de una manera comparable a la ola migratoria tras los experimentos con políticas de reajuste estructural de los años ochenta y noventa (Korvensyrjä 2017).

En el siglo XIX, los europeos fueron a África para organizar un nuevo régimen de compulsión laboral: colonizar directamente en lugar de secuestrar y enviar africanos a las colonias europeas en otros lugares (Mamdani 1996: 37-38). De este modo, Europa también obtuvo acceso a los recursos naturales inestimables en el continente africano, que pronto explotaría casi sin competencia. La Conferencia de Berlín 1884-1885 proporcionó el marco institucional y legal para este saqueo, acordado exclusivamente entre los miembros del club europeo, que decidieron cómo cortar mejor el continente africano en “protectorados”.

Tanto lxs activistas africanxs, actores ONG como los movimientos de la diáspora africana en Europa, a menudo se refieren a la Conferencia de Berlín de 1884-1885 y el llamado Reparto de África cuando critican las agendas más recientes de Europa para África. El plan de La Valeta de hecho está en una clara continuidad, aunque no-lineal, con los esquemas coloniales de control. Como en el régimen de movilidad Euro-Africano contemporáneo, durante el colonialismo, la movilidad de lxs africanxs estaba restringida a ciertas áreas mientras los europeos podían circular libremente entre colonias y continentes.[2] Durante la colonización de Africa en el síglo XIX, los europeos usaron la lucha contra el tráfico de esclavos como una legitimación para apropiarse las tierras y recursos africanos. La esclavitud era una desafortunada práctica árabe-africana que requería que los europeos liberaran a los africanos (Grovogui 1996: 79-81). La lucha de hoy contra “los traficantes”, “las redes criminales” y las causas principales de la migración irregular sigue esta tradición apenas escondida de invasión europea.

La UE ahora compite por los recursos y mercados africanos con otros actores en una situación geopolítica cambiada (Carmody 2015). Sin embargo, todavía desea ver a África como su patio trasero y como una solución a sus crisis, como lo hizo en el siglo XIX y después de la descolonización formal de África. “Olvidado” hoy es cómo el proyecto de integración europea se basó en parte en la idea de Eurafrica. Ésta fue la idea de una unidad Euro-Africana bajo el mando europeo que aseguraría los recursos africanos bajo control europeo colectivizado (Hansen / Jonsson 2014, Fietz 2017).

Cabe anotar que después de años de dominio de los intereses franceses en África, Berlín ha adquirido un nuevo significado en la política africana de Europa. La Alemania de Angela Merkel es, a la vez el poder económico dominante, el «milagro» exportador de la Unión y un arquitecto líder de su política de asilo y migración, que ahora avanza cada vez más en territorio africano. En términos militares, los alemanes han estado alcanzando a los franceses, han aumentado su presencia en Mali y están construyendo una base militar en Níger.[3] ¿Cuál es el papel de los ejércitos europeos en la “erradicación de las causas de la inmigración”? El análisis del activista senegalés Madjiguène Cissé hace dos décadas sobre el papel del ejército francés se aplica hoy igualmente al ejército alemán: «Ellos están allí para proteger los intereses económicos muy reales que son al mismo tiempo los intereses del neocolonialismo francés y de las burguesías africanas” (Cissé 1997: 40).

El imaginario westfaliano de los estudios migratorios (críticos)

  Westfalia, Viena, Versalles, Potsdam, Maastricht. . . si la historia de la formación de Europa como, y dentro de, un espacio de territorios, soberanías, economías y culturas puede evocarse en términos de nombres de lugares tan simbólicos, entonces tal vez podamos agregar a esa serie el nombre de Schengen.(Walters 2002: 561)

La agenda de control migratorio de La Valeta se encuentra en gran medida dentro de lo que lxs teóricxs de la migración europeos han estudiado como externalización de fronteras desde mediados de la década de 1990 (Bigo 1995). Esto se refiere a la externalización de tareas de control fronterizo a otros actores, además de los estados miembros de la UE, como a agencias de terceros estados, así como a instituciones que normalmente no son responsables de la vigilancia, como consulados o embajadas, o actores privados como compañías aéreas y navieras. En general, se entiende que la externalización implica un desplazamiento geográfico o una expansión territorial de los controles fronterizos más allá de los límites territoriales (de la UE). Esto se sugiere, por ejemplo, por términos como “control remoto” (Zolberg 2001) o “policía fronteriza a distancia” (Guild / Bigo 2003).

Estas narrativas a menudo presentan la externalización actual de las fronteras (europeas) como una transformación sin precedentes de la soberanía territorial del estado-nación: la frontera ya no es una línea divisoria entre dos estados soberanos (por ejemplo, Guild / Bigo 2003). A veces, esta supuesta transformación, connotada o explícitamente llamada “post-westfaliana” está relacionada con otros desarrollos de posguerra del sistema estatal internacional (Guild 2001: 3). Plantear la externalización como un desarrollo “post-westfaliano” o de otro modo genuinamente sin precedentes requiere que no se mencione el colonialismo europeo. De hecho, un «olvido» del pasado colonial de Europa marca tanto las formulaciones analíticas o teóricas como las contribuciones empíricas de los estudiosos de la migración europea, ya que relacionan la expansión del régimen fronterizo europeo hacia el sur como un proceso novedoso.

“Al repensar las fronteras más allá de la línea divisoria entre estados nacionales y extender la idea de frontera a formas de prácticas de gestión, dispersas a través de varios estados, la externalización es un esfuerzo explícito para “extender la frontera” de manera que multiplique las instituciones involucradas en su gestión y extienda y reelabore soberanías de nuevas maneras. De esta manera, la definición de frontera se refiere cada vez menos al límite territorial del estado, sino a las prácticas de gestión dirigidas “a donde se encuentra la persona migrante”.” (De Genova/Mezzadra/ Pickles 2015: 19)

Casas, Cobarrubias y Pickles también disciernen sobre una nueva “extensión de la frontera” sin mencionar el colonialismo europeo. Ellos preguntan: “Si las fronteras son lo que hemos llegado a asumir como el límite de la soberanía legal en el derecho internacional, con la externalización fronteriza y el cambio para ver las fronteras como itinerarios, ¿dónde comienza la jurisdicción y soberanía estatal y quién ejerce cada una?” O como sugiere Sidaway, “¿qué es la soberanía?” (Casas/Cobarrubias/Pickles 2011: 77–78).

Siba Grovogui ha expuesto un imaginario particular de soberanía que domina la disciplina de las relaciones internacionales. Para este “sentido común westfaliano”, el mundo o el sistema internacional de estados consiste en unidades homogéneas, iguales y uniformes, estados nacionales soberanos limitados por sus respectivas fronteras. Se supone que los orígenes de este sistema se encuentran en la Europa occidental del siglo XVII, y luego se expandieron por todo el mundo de forma gradual. Esta representación sigue los intereses de los estados del norte: la dimensión esencialmente colonial, imperialista y violenta de la construcción del estado se oculta, al igual que las formas contemporáneas del imperialismo. (Grovogui 2002, 1996)

La crítica de Grovogui se aplica claramente a la investigación sobre la migración en la externalización fronteriza. Particularmente, cuando se diagnostican transformaciones de soberanía territorial, estos análisis – implícita o explícitamente – imaginan un pasado estático de estados nacionales territoriales independientes prolijamente delimitados con fronteras mutuamente simétricas. El marco de tiempo elegido a menudo es compatible con la narrativa de la novedad. El punto de referencia más distante para estos análisis es el endurecimiento de las políticas de Europa occidental en los años setenta tras la crisis del petróleo y la recesión económica (Paoletti 2011). El papel del Acuerdo de Schengen de 1980 y la armonización de las regulaciones de visados ​​para desplazar el control de la frontera comunitaria externa son un tema central para muchos, por lo que algunos enfatizan la ampliación de la Unión al Este (Bigo / Guild 2003; Guild 2001; Rigo 2007).[5] Algunas cuentas comienzan tan tarde como a mediados de la década de 2000 con las colaboraciones hispano-marroquíes e hispano-senegalesas (Carrera et al., 2016), o con la colaboración del gobierno italiano con Libia (Paoletti 2011). Muchos ven un cambio después de la década de 1970 en la gobernanza europea de la migración desde un marco nacional a uno internacional (Paoletti 2011: 269; Lavenex 2006; Boswell 2003, pero también, por ejemplo, Karakayali 2008), lo que deja fuera de juego las paradojas coloniales de lo “nacional” delimitado territorialmente.

El tomar los años 70, o incluso más tarde, como punto de partida sirve a la narrativa dominante de la historiografía oficial de la UE. Esa retrata la UE como un actor económico local inicialmente benévolo que solo más tarde comienza a adquirir una influencia trans-regional o incluso imperialista. Que la CEE surgió por primera vez como un actor colonial en 1957 con una parte sustancial de sus territorios ubicados en África, se borra sistemáticamente de las cuentas de la historia de la UE (Hansen / Jonsson 2014). La gestión europea colectiva de los territorios colonizados fue, de hecho, el objetivo central del Tratado de Roma que fundó la CEE y un motivo clave en los tratados de asociación poscolonial con los nuevos estados africanos de Yaoundé en 1963 y Lomé en 1975 (Hansen/Jonsson 2014). Descubrir la conexión histórica crítica entre la descolonización formal y la integración europea sugiere más bien continuidades interesantes y relevantes para los acuerdos de externalización contemporánea que unas rupturas totales. El hecho de no identificar estas continuidades refleja una tendencia general de los estudios europeos (críticos) de migración hacia la “amnesia” colonial.[5] Sin embargo, la narrativa de novedad en los relatos de las fronteras europeas que se expande a África también se reproduce comúnmente en el periodismo y el activismo europeo.[6]

Lxs críticos post- y decoloniales del derecho internacional han señalado que el concepto mismo de soberanía, así como el sistema internacional de estados, se forjaron en el contexto de la colonización. La soberanía se definió contra “otros” que, por definición, no eran soberanos y, por lo tanto, no podían y no deberían ser gobernados por ellos mismos, pero requerían la tutela del club europeo de soberanos (Grovogui 1996, 2002, Anghie 2004, Koskenniemi 2004). Como argumenta Grovogui, la soberanía nunca fue pensada para los africanos, y esto no ha cambiado en el orden internacional postcolonial.

Estas críticas históricas complican las suposiciones de los investigadores de migración sobre un pasado estático westfaliano que contrasta con una transformación actual que confunde el “interior” y el “exterior”, o en el que las fronteras están separadas por los límites del estado geográfico (por ejemplo, Bigo 2005: 69; Guild 2001: 3). Dirigen la atención a las continuidades de la situación contemporánea con un pasado colonial o imperialista. El análisis de la teórica jurista Enrica Rigo sobre el régimen fronterizo de la UE es notablemente consciente de la genealogía colonial de las fronteras europeas. Ella sostiene que, en muchos sentidos, en el curso de la expansión europea, el estado colonial-moderno transfirió sus fronteras a una escala global (Rigo 2007: 119). En particular, la ciudadanía en el estado-nación europeo soberano del siglo XIX no es completamente comprensible en aislamiento del contexto colonial. Las ciudadanías nacionales se formaron, no solo separándolos de lxs «extranjerxs», sino también de lxs “nativxs”. El continuo “interior” de las fronteras nacionales europeas solo podría construirse con la ayuda de las jerarquías raciales coloniales y los sistemas legales duales que lo delimitan desde el “exterior” (Ibid.; Nagl 2007; El-Tayeb 2000). Especialmente para los análisis críticos del control de las migraciones africanas hacia Europa, este marco de tiempo más largo que incluye la colonización europea de África es necesario.

Conclusión: ¿Qué tipo de análisis necesitamos?

El endeudamiento conduce a los africanos al exilio. Y con un avión chárter, los acreedores ricos envían a sus deudores que llegaron aquí [en Europa] en busca de trabajo, con el fin de alimentar a sus familias que se quedaron en casa. (Cissé 1999: 47)

Entonces, ¿Qué es una frontera?, ¿qué es la soberanía? El imaginario westfaliano de la soberanía importa porque nos impide ver que las fronteras europeas nunca fueron líneas geográficas claras (véase De Genova/Mezzadra/Pickles 2015: 19) sino más bien instrumentos para producir relaciones asimétricas, incluso después de la descolonización (Rigo 2007: 119-120). Este imaginario nos impide comprender cómo las fronteras y el estado controlan el movimiento no solo de las personas sino también de bienes, recursos y capitales en el capitalismo racial global (Robinson 2000 [1983]: 10-68). Ese un imaginario más bien insensible a las relaciones trans-regionales de la dominación económica, política y cultural.

Particularmente en relación con la política europea hacia África, después de la descolonización formal, los europeos no dejaron de tomar por dado el control de los recursos y trabajo de los africanos. El capital y las industrias europeas siguieron utilizando África como un recurso para su propio desarrollo, tanto materias primas como mercados africanos, así como la mano de obra africana que hasta la década de los 70 era “bienvenida” en el marco del proceso de la reconstrucción de las economías europeas después de la guerra. Entonces, Europa comenzó a criminalizar la migración haciéndola “ilegal” (Diouf 2016). A principios de la década de los 90, las luchas de los Sin papeles en Francia denunciaron éstas inversiones neocoloniales de Europa en África y la creciente criminalización de la migración y la movilidad por el régimen fronterizo de la UE (Cissé 1997, 1999). Su portavoz, Madjiguène Cissé, subrayó que las fronteras entre África y Europa se tendrían que entender en el contexto de la recesión económica mundial con la denominada crisis del petróleo, del mayor endeudamiento de las instituciones financieras del Sur o del Norte o dominadas por el Norte, de las políticas de reajuste estructural dictadas por éstos, de la posterior destrucción de las economías nacionales y los sectores públicos, así como de la crisis de la agricultura y el cambio climático (Cissé 1999, 1997).

Toda una línea de pensamiento ha tratado de explicar el fracaso de una soberanía africana prácticamente viable y el fracaso del orden internacional para adaptarse a una verdadera descolonización. Esta crítica ha emergido tanto en el pensamiento académico que surge de las luchas por la descolonización, como, por otro lado, en las luchas auto-organizadas de migrantxs y ciudadanxs en África y en la diáspora en Europa. Profundizar en esta tradición de crítica situada en las luchas por la justicia social llevaría a la investigación migratoria a un análisis más profundo de la externalización actual de las fronteras europeas en África, así como a habilitar alianzas intercontinentales más funcionales para luchar contra las nuevas políticas europeas de control.

/Ésta es una versión actualizada del texto publicado en inglés en movements-journal.org

Aino Korvensyrjä es investigadora y activista con sede en Berlín y Helsinki. Su trabajo se centra en las políticas de deportación y de asilo, el racismo y el régimen fronterizo, criminalización de la migración y la justicia migratoria. Es activa en el JustizWatch Berlin y co-fundadora del grupo de trabajo interdisciplinario Culture of Deportation. [http://cultureofdeportation.org/]