Manifiesto por la despenalización

Este es un manifiesto dirigido a aquellos que creemos que las vidas de todas las personas valen lo mismo. A todas aquellas personas que deseamos para los demás lo mismo que deseamos para la gente que amamos. A quienes creemos firmemente que el mundo es un recurso que todos sus habitantes deben cuidar y disfrutar con las mismas responsabilidades y las mismas oportunidades. A quienes pensamos que la globalización es un espacio/tiempo para organizar un reparto cada vez más democrático de la riqueza y de la toma de decisiones, en vez de un horizontes a temer y destruir hiriéndolo de fronteras, muros, vallas, leyes de extranjería y políticas securitarias. A quienes trabajamos para hacer que la seguridad sea cada vez un resultado de comunidades humanas más igualitarias y tejedoras de vínculos sociales fuertes, y cada vez menos el objetivo de políticas del miedo que dibujan paisajes donde la pluralidad es una amenaza, la diversidad un enemigo, la pobreza un delito.

Nosotras y nosotros defendemos, por lo tanto, el derecho a la movilidad de las personas que huyen de las guerras o del hambre, de la persecución por razones étnicas, religiosas, de identidad o práctica sexual. También los derechos de quienes simplemente se desplazan, muchas veces con dolor pero siempre cargados de sueños y aspiraciones, en busca de una vida mejor. Estamos empeñadas y empeñados en seguir construyendo sociedades donde nuestras amigas, hijos, madres, vecinos y compañeras tengan siempre la oportunidad de acceder a los bienes y derechos básicos para llevar adelante proyectos de vida dignos. Sabemos que no hablamos en absoluto de utopías, sino de objetivos absolutamente alcanzables.

Concretando estas demandas en el rincón de la tierra donde nos ha tocado vivir, lo que pretendemos es ir desmontando piedra a piedra el elevado muro de la vergüenza que hoy criminaliza la pobreza en el Estado español. Una de sus piezas más duras se llama Ley de Extranjería y entre sus perversos efectos está la condena a vivir sin derechos para miles de personas.

Si repudiamos el muro de Trump no podemos permitir que existan muros visibles e invisibles que impiden que muchos de nuestros vecinos y vecinas no dispongan de un estatus jurídico que les permita acceder, no solo a derechos básicos como la salud o la educación, sino simplemente a vivir.

Ante la imposibilidad de obtener un contrato de trabajo -a la situación de falta de empleo en general se suma, en el caso de la población migrante, el estatus de irregularidad administrativa o de “sin papeles” a causa de la Ley de extranjería-, muchas personas inmigrantes han de buscarse la vida, como sabemos, vendiendo en las calles. La venta ambulante siempre ha sido una vía de obtención de ingresos para las capas de población más empobrecidas. En la Europa de la austeridad y el neoliberalismo, esta es una situación a la que se ve abocada un porcentaje de población cada vez mayor. Para los inmigrantes de origen subsahariano, muchos de ellos residentes en nuestras ciudades desde hace más de 10 años, esta ha sido y sigue siendo una vía de salida que les permite ir sobreviviendo. En ese sentido, las alternativas son pocas: o son explotados como jornaleros o en el empleo doméstico, o venden en la calle. No caben más opciones. Y recordemos, cuando un mantero es condenado por vender, esto cierra de facto cualquier posibilidad de regularización futura debido al tema de los antecedentes penales. Esto es lo que llamamos criminalización de la pobreza.

En el año 2010, gracias a un enorme trabajo de organización y visibilización de la problemática por parte de colectivos de manteros de todo el Estado, la venta ambulante o “top manta” no se llegó a despenalizar, que era el objetivo buscado, pero sí se introdujo, al menos, una tipo muy atenuado. Esto es para determinadas situaciones, como las que nos ocupan, la pena pasaba de cárcel a multas y trabajos en beneficio de la comunidad.

Esta situación se mantuvo hasta el año 2015, momento en el que entró en vigor una de las reformas más restrictivas y cuestionadas del Código Penal, que volvió a penalizar con penas de prisión esas conductas en su artículo 274.3.

Por todo esto, hoy pedimos que las instituciones vuelvan a reconocer, como lo han venido haciendo durante los cinco años anteriores al 2016, que la venta al por menor de productos protegidos por las leyes de propiedad industrial e intelectual, no puede ser penalizada como delito y afectada por penas de multas y de privación de libertad, porque son medidas:

• desproporcionadas, pues conducen a la imposición de una pena que no guarda proporción con la gravedad de los hechos (cabría recordar aquí que la legislación española considera una mera falta el delito contra la hacienda pública por una cuantía inferior a 120.000 euros)