Violencia estatal y resistencia en los campos de deportación alemanes
La espectacular violencia policial contra los solicitantes de asilo marcó la primavera alemana de 2018. En particular, los africanos negros en grandes campamentos de recepción y deportación en el sur de Alemania fueron el objetivo de operaciones policiales masivas. Los medios alemanes circulaban imágenes de hombres negros africanos, esposados y encaminados por la policía antidisturbios, a veces empujados violentamente al suelo. El pánico moral de alto nivel en torno a este imaginario racial del «solicitante de asilo criminal» sirvió como palanca para impulsar una legislación y política antiinmigración más dura: criminalización e ilegalización dentro de Alemania, así como propuestas por una mayor militarización y externalización fronteriza.
El 3 de mayo, poco después de las cinco de la mañana, alrededor de 500 policías, entre ellos antidisturbi0s armados y enmascarados, asaltaron el centro de recepción para solicitantes de asilo en Ellwangen, Baden-Württemberg, Alemania. Los equipos de policía rompieron en varios edificios las puertas de las habitaciones al mismo tiempo. Esta ruptura superflua – las puertas no estaban cerradas – causó un sonido extremadamente fuerte parecido a una explosión que despertó a los residentes. Muchos entraron en pánico cuando la policía entró a registrar las habitaciones destellando con luces. Algunos trataron de huir, saltando por las ventanas y lastimándose seriamente. Alrededor de 300 hombres, residentes en edificios para personas africanas, fueron esposados. Luego se tomó un grupo más pequeño de hombres africanos negros para su identificación en un edificio temporalmente dispuesto para tal fin. Se vieron obligados a esperar su turno medio desnudos en la fría mañana, humillados por los oficiales y hostigados con perros. Posteriormente se iniciarían investigaciones penales contra algunos de ellos.
Lxs habitantes, cuya perspectiva estuvo ausente en la cobertura mediática que repetía las justificaciones de la policía, describieron el asalto al campamento como un ataque bélico.[1] La policía acusó a lxs residentes del centro de haber detenido una deportación nocturna el 30 de abril. Además argumentó que había indicios de que lxs residentes se estaban armando y construyendo «estructuras delictivas». De hecho, ninguna fue encontrada, pero esto cambió poco en la representación posterior de Ellwangen en los medios como autodefensa del Estado de derecho contra sus enemigos.
Producción estatal de «peligrosidad»
La operación de Ellwangen fue la más masiva de las innumerables operaciones policiales a gran escala dirigidas a los centros de asilo del sur de Alemania en 2018. La mayoría tuvo lugar en Baviera, un estado que en los últimos años ha establecido los llamados centros de tránsito para administrar migración de asilo «no deseada», recientemente renombrados como centros AnkER. El objetivo de estos campamentos es concentrar a lxs solicitantes de asilo para la deportación y empujar a lxs residentes a autodeportarse, aumentando su aislamiento y destitución.
[Manifestación contra la violencia policial organizada por lxs residentes del centro de recepcion en Ellwangen, el 9 de mayo de 2018.]
Desde enero de 2017, la ley policial de Baviera define todos los centros de asilo como «lugares peligrosos» y autoriza a la policía a realizar búsquedas y verificaciones de identificación en sus instalaciones sin motivos específicos ni autorización adicional. De enero de 2017 a abril de 2018, según las autoridades bávaras, se llevaron a cabo 147 controles policiales de este tipo con «mayor cantidad de personal”.(2) Las numerosas operaciones policiales masivas por otros motivos no son incluidas en la cifra.
En 2018, las operaciones policiales continuaron con mayor visibilidad. El 14 de marzo, el centro de asilo en Donauwörth, que albergaba 350 gambianxs, fue asaltado por 200 oficiales y el 14 de mayo el centro de tránsito en Deggendorf, que albergaba principalmente a solicitantes de asilo de Sierra Leona, fue invadido por 300 policias. En ambos casos, la policía justificó el ataque con la necesidad de garantizar la ejecución de la deportación de los residentes individuales del campamento. En Donauwörth, donde la noche anterior al ataque la policía no había podido encontrar a un individuo gambiano para su deportación, la comunidad gambiana fue falsamente acusada del fracaso. Treinta gambianos fueron arrestados por ser sospechosos de ser «cabecillas» y «alborotadores» y enviados a prisión preventiva. Juicios y procedimientos penales (Strafbefehl) políticamente motivados siguieron. Este patrón de redada se repetiría más tarde varias veces.
En las audiencias judiciales posteriores contra residentes del campo de Ellwangen no se habló mas de la supuesta prevención de la deportación el 30 de abril ni de armas: Se trató únicamente de casos de supuesta resistencia contra la policía durante la redada masiva el 3 de mayo. Los condenados fueron solicitantes de asilo que no entendían el inglés o alemán utilizados por la policía y que habían entrado en pánico cuando la policía armada entró en sus cuartos en la madrugada.
Los centros AnkER: autodeportación como objetivo
El representante de la jefatura de policía de Aalen indicó mas tarde que el objetivo principal de la redada en Ellwangen había solo sido verificar las identificaciones de solicitantes de asilo africanos que vivían en tres edificios dentro del centro. Se gastó así 360.000 euros para controlar personas cuya identidad era conocida por las autoridades del campo y cuyas huellas digitales estaban en la base de datos EURODAC. Evidentemente la redada en Ellwangen, como tantas otras, también sirvió para enviar señales a dos direcciones: A intimidar los solicitantes de asilo, desalentando y reprimiendo cualquier intento de protesta o crítica, mientras, hacia la población en general, legitimar las políticas de asilo de línea dura y los cambios a la ley policial.
No es coincidencia que la operación de Ellwangen fuera instrumentalizada por el Ministro Federal del Interior, Horst Seehofer del Union Social Christiana (CSU), para impulsar su agenda de migración, incluido un «plan maestro de migración» anunciada en la primavera de 2018. Desde 2015 el partido conservador de derecha bávaro ha, junto con su aliado, Unión Christiana Democrata (CDU) de Angela Merkel, empujado por una política de asilo que intensifica la división entre aquellxs que supuestamente merecen protección y aquellos que deberían ser expulsados del país por cualquier medio.
Particularmente, el concepto de «perspectiva de quedarse» (Bleibeperspektive) predestina desde 2015 a la mayoría de lxs solicitantes, como lxs de África occidental, de los Balcanes o estados post-Soviéticos, a la deportación, mientras que una solicitud de asilo es también su única forma de ingresar a Alemania. También jerarquiza el acceso a los derechos sociales. Solo lxs solicitantes de asilo de Siria, Irán, Iraq, Eritrea y Somalia se categoriza con una «buena perspectiva de quedarse» y pueden recibir beneficios mensuales en efectivo, trabajar, estudiar alemán, ir a la escuela y recibir asesoramiento legal durante el proceso de asilo. Lxs otrxs grupos y nacionalidades son, como regla, negadas de estos derechos como no tienen «perspectiva de quedarse», y son presentadas como una carga.
En marzo de 2018, el programa del nuevo gobierno de coalición de Merkel introdujo el concepto de los centros AnkER (corto de Ankunft, Entscheidung, Rückführung, es decir, llegada, decisión, repatriación). El plan es alojar lxs solicitantes de asilo en grandes centros de procesamiento durante todo el proceso de su caso, hasta que se reconozca su reclamo, o hasta que se enfrenten a la deportación. En el modelo todas las autoridades pertinentes se concentran dentro del centro: la autoridad de extranjeros, la administración de refugiados (BAMF), la oficina social y el tribunal administrativo.
Para lxs solicitantes de asilo con «ninguna perspectiva de quedarse» estos centros son de hecho campos de deportación. Los primeros centros de este tipo se establecieron ya en el otoño de 2015 en localidades bávaras Bamberg e Ingolstadt/Manching, como los denominados centros de llegada y deportación (ARE, Ankunfts– und Rückführungseinrichtung). Más tarde, estos y otros centros bávaros fueron nombrados centros de tránsito. Desde agosto de 2018 son incluidos en los siete centros en el estado de Bavaria que se denominan centros AnkER: Bamberg, Ingolstadt/Manching, Donauwörth, Deggendorf, Schweinfurt, Regensburg y Zirndorf. Hasta finales de 2018 Bavaria es el único estado alemán que aplica consecuentemente el modelo AnkER. La mayoría de centros bávaros están situados en antiguas bases o campamentos militares.
Estos centros presionan a las personas supuestamente «sin perspectiva de quedarse» a abandonar el país «voluntariamente», dicho de otra forma, a autodeportarse. El estado se queja de que las deportaciones a menudo se previenen por falta de documentos de identidad o por otros obstáculos, incluida la negativa de las personas a irse y una burocracia lenta. Su respuesta es reducir el nivel de vida de lxs habitantes tanto como sea posible, y aumentar la sensación de aislamiento de la sociedad y los trabajadores humanitarios. Esto crea un confinamiento parecido a una prisión.
La base legal de estos campos se estableció por una serie de enmiendas federales desde 2015. El cambio en la ley de asilo de 2016 permitió acelerar procesos para rechazar a los solicitantes en «centros especiales de recepción» que provenían de «países de origen seguros» o que habían presentado una solicitud posterior o que se consideraron «no cooperativos» en la identificación y procedimientos de deportación. Un cambio anterior de la ley de asilo desde finales de 2015 ya había introducido una prohibición de trabajo, confinamiento dentro de los límites de la ciudad (Residenzpflicht), y beneficios en especie en lugar de efectivo para todos los habitantes de los centros de recepción. Desde julio de 2017, los estados alemanes pueden confinar a las personas hasta por 24 meses en estos campamentos.
Resistencia y represión
La segregación entre los diferentes nacionalidades ha provocado una considerable resistencia del lado de lxs solicitantes de asilo. Desde 2016, lxs habitantes de los centros bávaros han vuelto a protestar regularmente.
Viven confinadxs en los campamentos a menudo sin permiso para salir de los límites de la ciudad o para dejar el centro mas que unos días, sin pagos en efectivo o permisos de trabajo, educación o acceso a la atención médica normal. Reciben comidas en la cantina en lugar de la posibilidad de cocinar, y escasa ropa de segunda mano. No hay asesoramiento legal disponible; incluso la información legal básica les es negada. La violencia y el acoso de los guardias de seguridad son generalizados y se ejercen con impunidad contra los habitantes. La criminalización afecta a las víctimas de tales ataques. También son comunes los cargos por delitos de inmigración, el trabajo no autorizado o el hurto en tiendas de artículos de primera necesidad. Las sanciones monetarias resultantes, incluso si son relativamente bajas, a menudo son imposibles de pagar por no tener derecho a trabajar, lo que lleva a la prisión o al pago en trabajo. Después de una decisión de Dublín o un primer rechazo las autoridades locales de inmigración a menudo se niegan a emitir documentos de solicitantes de asilo. Esto los hace prácticamente indocumentados y junto los habituales controles racistas de la policía aumenta su criminalización.
[Manifestación contra la violencia institucional racista y la vulneración de derechos fundamentales, organizada por lxs residentes del centro de transito en Bamberg, el 17 de enero de 2018.]
Las protestas de lxs habitantes de los centros en Deggendorf, Bamberg, Donauwörth, Regensburg, Manching y otras localidades, han puesto rotundamente todas estas políticas en cuestion.(3) Sin embargo el tema central ha sido la deportación. Las protestas han desafiado la categorización de ciertos grupos como mas deportables así como la incertidumbre general de sus vidas bajo la amenaza de deportación. A finales de 2015, la prohibición del previo anuncio de deportaciones creó una situación en la que lxs solicitantes de asilo rechazados deben temer en cualquier noche que la policía los recoja, independientemente del tiempo que hayan pasado en Alemania.
En muchas ocasiones, la espectacular violencia policial se ha relacionado con una protesta previa de solicitantes de asilo. En el campamento de Donauwörth alrededor de 350 gambianxs se organizaron desde noviembre de 2017 como el Comité de Integración Gambiano, exigiendo a la dirección del centro y otras autoridades pertinentes un mínimo de dignidad y al menos el mismo tratamiento que a otros solicitantes de asilo en Alemania. La respuesta fue una mayor represión, que culminó en el ataque policial del 14 de marzo 2018 al centro bajo el pretexto de un supuesto intento por los habitantes gambianos de detener una deportación. El ataque y el encarcelamiento de 30 gambianos arrojó miedo a los residentes y diezmó a la comunidad gambiana.(4) La imagen del africano negro «peligroso» y «agresivo» estuvo durante meses en lo alto de los medios regionales, que repetían las afirmaciones sin fundamento de la policía local sobre solicitantes de asilo gambianos «delinquentes» y «alborotadores». Surgió de nuevo a mediados de mayo cuando los gambianos salieron de la prisión preventiva con sentencias por «alteración del orden público» (Landfriedensbruch).
En Ellwangen la redada masiva se realizó en la madrugada del 3 mayo – el día cuando lxs residentes del campamento habían anunciado una reunión con la prensa y los políticos para abordar su pésima situación en el centro y los problemas que habían identificado. Esa reunión nunca tuvo lugar.
El «delito» de migración
La criminalización mediática ha sido difícil de contrarrestar aunque lxs residentes de los centros afectados han hecho campañas para intervenir en el debate. Los migrantes africanos que vivían en el campo de Ellwangen organizaron una conferencia de prensa (5) pocos días después de la redada para denunciar las mentiras de la policía y para presentar su perspectiva, ya que los medios la habían omitido. En los medios la narrativa sobre Ellwangen se cambió poco. Pero al menos el mensaje alcanzó a grupos que luchan por los derechos de personas migrantes en otras partes de Alemania.
Otra institución clave que ha contribuido a la criminalización son los tribunales. En algunos casos, como en Donauwörth los migrantes afectados han ejercido acciónes legales contra sus procedimientos penales, defendiéndose contra las acusaciones de la policía. Sin embargo, hasta el momento, las cortes han entrado para legitimar el uso de la violencia policial y para completar la criminalización de los sujetos que habitan en los «lugares peligrosos».
En Donauwörth la acusación se dirigió contra residentes del centro que salieron en la noche para criticar el comportamiento de la policía: Esta iba de un cuarto a otro, despertando a todxs, buscando a la persona para deportar. Muchos residentes de diferentes nacionalidades se despertaron y empezaron a criticar las condiciones miserables en el centro y articular su frustración frente de las deportaciones nocturnas, solidarizándose con la persona en deportación. La redada de la policía del día siguiente tomó como objetivo únicamente a la comunidad gambiana. La corte local de Augsburg consagró las detenciones con ordenes penales y ha insistido en mantener las penas por «alteración del orden público» a pesar de las apelaciones. El corte de Ellwangen condenó por resistencia contra la policía a individuos que no entendían el idioma ni lo que estaba pasando, cuando la policía invadió sus cuartos. Algunos de ellos incluso habían intentado de huir en shock. En estos casos los tribunales parecen haber condenado a los migrantes por el puro «delito» de estar presente.
En muchos casos la acción legal se ha impedido por una superposición de la ley penal con la ley de extranjería – típicamente deportaciones Dublin. Esto también ha acumulado los castigos: detención previa al juicio y ordenes penales han ido seguidos por deportaciones a la miseria. El destino mas común de deportación de solicitantes de asilo africanxs de Alemania sigue siendo Italia. Allí muchxs acaban en la calle y como mano de obra superexplotada de plantaciones de fruta y verdura.
Por lo tanto, la producción del «solicitante de asilo criminal», en 2018 sobre todo un hombre negro africano, ha tenido lugar tanto en los medios como a nivel de las practicas burocráticas locales, la policía y el sistema de justicia penal. Ha sido habilitado por las nuevas leyes federales e incluso por el marco europeo de políticas de externalización. En este último ámbito, el gobierno alemán ha asumido activamente el liderazgo desde 2015 y no ha dejado de plantear las migraciones africanas como un problema, preferiblemente a contener en el continente africano a través de un sistema de campamentos intercontinental así como de vigilancia y violencia policial a distancia.
Con respecto a las políticas dentro del territorio alemán, los nuevos centros AnkER han significado en muchos sentidos un regreso al sistema alemán de asilo como lo era antes del fuerte ciclo de protestas de refugiadxs de 2012 a 2014, iniciado por residentes de los centros bávaros. Estas protestas trajeron importantes mejoras a las condiciones de vida de los solicitantes de asilo. Es cuestión de tiempo que la política contemporánea se vea enfrentada con una intensidad similar.
Aino Korvensyrjä es investigadora y activista con sede en Berlín y Helsinki. Su trabajo se centra en las políticas de deportación y de asilo, el racismo y el régimen fronterizo, criminalización de la migración y la justicia migratoria. Es activa en el JustizWatch Berlin y co-fundadora del grupo de trabajo interdisciplinario Culture of Deportation. [http://cultureofdeportation.org/]